La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que se sancionaron a 11 servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por tener responsabilidad en los errores y omisiones en la construcción del Paso Express de Cuernavaca.
Este lunes, la dependencia anunció que destituyó e inhabilitó por 10 años a tres empleados de SCT, quienes estarán impedidos para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público durante el periodo señalado.
“Los sancionados no atendieron las advertencias de vecinos, de los integrantes de la Barra de Abogados ni de las autoridades locales, sobre los peligros detectados en la obra que se realizó en el municipio de Chipitlán, estado de Morelos”, informó la SFP en un comunicado.
Explicó que en atención a denuncias recibidas, a través del Órgano Interno de Control en la SCT, inició las indagatorias correspondientes y, al corroborar las omisiones señaladas, resolvió sancionar a los servidores públicos.
CONDUCTAS NEGLIGENTES
La SFP detalló que estas sanciones se suman a las suspensiones, destituciones e inhabilitaciones que la institución ha impuesto previamente a ocho servidores públicos, de los que siete trabajaban en la SCT y uno en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “que incurrieron en conductas negligentes y contrarias a la ley en la construcción de la obra”.
El pasado 26 de julio, la SFP informó que al resolver dos procedimientos administrativos, encontró elementos suficientes para sancionar a dos servidores públicos de SCT por “diversas irregularidades administrativas en la ejecución de los contratos de la obra”.
Las sanciones fueron aplicadas a un residente de obra y al encargado de la residencia general y consistieron en la suspensión por dos años y uno, respectivamente.
Previamente, el 5 de julio, después de casi un año de trámite, la SFP concluyó la revisión de 21 procedimientos de responsabilidad administrativa e impuso sanciones a ocho servidores públicos, las cuales fueron las primeras sanciones relacionadas con el caso del Paso Express, en donde se abrió un socavón el 12 de julio de 2017.
Ese día, informó que siete de los servidores públicos sancionados estaban adscritos a la SCT y uno más a Conagua, y ocupan cargos de nivel residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.
EL PROCESO
Abarcó una auditoría y el inicio de diversos expedientes de investigación, mediante la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP; y de los órganos internos de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, informó la dependencia.
Los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciaron en marzo del 2018, derivado de la auditoría practicada con la que se formularon 22 observaciones, de las que 11 se encontraron con elementos suficientes para presumir la responsabilidad administrativa de diversos servidores públicos.
